La "regeneración democrática" llama a nuestras puertas...¿Abrimos?

UPyD de  Aranda publicó el día 12 de abril un interesante trabajo sobre la necesidad de una regeneración política para mejorar la democracia. Venía a decir, en síntesis, que Rosa Díez había registrado en el Congreso de los Diputados una proposición  de ley  contra la corrupción y por la transparencia de la vida política, dado el número de imputados que figuraban en las listas electorales (más cuanto mayor es el partido y más poder ostenta).

 Consideran desde UPyD que “es urgente que se tomen ya medidas contra la corrupción política porque “socava” la democracia y nuestras instituciones, “distorsiona” los mercados, “merma” la calidad del sistema democrático y “espanta” a los ciudadanos”.

Recuerda también que introdujo recientemente una enmienda a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)  “que imposibilita que personas condenadas con sentencias no firmes por delitos contra la administración pública puedan concurrir en las listas electorales para dejar claro que con esta proposición pretenden ir “más lejos”. Con su propuesta, bastará con que la persona esté imputada por delitos de terrorismo o contra la administración pública para que, por Ley, sea inelegible”. Menciona a ciertas personas que si fueran de UPyD no podrían ir por prohibición de sus estatutos, como “el presidente valenciano imputado por el caso de los trajes de la trama Gürtel, Francisco Camps, casos como los del ejecutivo andaluz (actividades hijos Manuel Chaves) y del candidato imputado de IU a la Alcaldía de Sevilla por el caso Mercasevilla”

Continúa el artículo con una propuesta sobre la reforma de la “Ley de Contratación”, que merece un estudio más detallado, pues de llevarse a cabo, evitaría suculentos “pelotazos” que puedan dar lugar a enriquecimientos ilícitos personales o a financiación ilegal de partidos políticos. Plantea también “que sea incompatible el cargo de alcalde y concejal con la condición de diputado, senador, parlamentario autonómico y parlamentario europeo”.  Si en caso de ejercer dos puestos solo se cobrara por uno, me pregunto yo, ¿LLegaría a plantearse este caso? Posiblemente no... Cree necesario “despolitizar el Tribunal de Cuentas”…y el Estatuto Básico del Empleado Público…y la Ley de Financiación de Partidos Políticos… Desea que “los presupuestos públicos se divulguen de forma gratuita por Internet”, y que se dote de “transparencia a la gestión económica de las subvenciones, los sindicatos y organizaciones empresariales y las retribuciones de los cargos públicos, así como regular las campañas de publicidad institucional”.

Este apartado anterior es importantísimo, pero deben incluirse también a los partidos políticos. Se podría  resumir en la necesidad de conocer el destino de todos los dineros provenientes del erario, sus fines y sus debidas justificaciones.  Y todos estaremos de acuerdo en que es un fin loable el perseguido por UPyD para lograr una moralización de la vida política hecha por personas dedicadas a ese cometido.

Será muy difícil conseguir que no figuren políticos imputados  en ninguna lista mientras no exista una Justicia ágil e imparcial que se fije en  los delitos independientemente del color político.  A nadie se le escapa la distinta vara de medir de la Fiscalía en el caso de los  trajes y de los  ERES andaluces.

Personalmente no me importaría  que figuraran imputados en listas electorales por corrupción o terrorismo con estos dos supuestos. En caso de ser condenados, se inhabilitaría toda la lista, y en caso de ser inocentes la misma pena para la lista total denunciante, en caso de ser políticos, y pena semejante en caso de ser civiles así como la inhabilitación política de por vida. Seguro que de esta forma se pensarían mucho el acompañar a presuntos delincuentes, o denunciar sin causa suficiente. ¿Estamos en un Estado garantista? Pues hasta el final con las consecuencias.

En la situación actual resulta fácil decir tonterías sin medir los efectos, porque no tienen ningún coste para quien las difunde. Veamos algunos ejemplos:

a)    Don Ángel Luna, portavoz parlamentario de los socialistas valencianos. “Luna dice que Rajoy asume las listas con imputados porque "está en el ajo" .“Luna respondió que "Rajoy estaba en el ajo, era plenamente consciente de lo que estaba pasando en la Comunidad Valenciana con la trama Gürtel"…. "Como era consciente y sabía lo que pasaba, es cómplice", dijo”.

¿Podría aplicarse esta doctrina de Luna  al  Caso GAL? Cuando José Barrionuevo acudió en las listas al Congreso de los Diputados en 1996, ya estaba imputado. Después tuvo que dejar el escaño al ser juzgado y condenado. ¿Podría decirse que Felipe González estaba en el "ajo” (de los GAL) porque lo conocía y asumía un imputado en su propia lista por Madrid, junto a él mismo?

b) Dice la Ministra de Defensa, Carme Chacón, que "La corrupción está en el ADN del PP",  añadiendo que "Arenas ha presentado un decálogo de principios para la regeneración y Camps le ha metido un imputado en las listas del PP por cada principio de Arenas". Y no menos fuerte es la expresión del candidato socialista a la alcaldía de Almería: “Tampoco se merece Andalucía "la banda de Javier Arenas". 

 ¿Recordaría  Chacón la ristra interminable de corruptos y casos de corrupción del PSOE, como FILESA, MALESA, TIME EXPORT, VIAJES CERES, AVE, PSV, ROLDAN, BOE…con condenas en firme? ¿Marcará eso el ADN de su partido?

Ahora,  tanto el PP como el PSOE andaluces se arrojan sus listas de  imputados por corrupción y aflora  continuamente el lamentable “Y tú más…”, pero la solución a estos casos ni aparece…

Si elevamos el nivel de imputado a condenado, aún quedan más sorpresas. Pretende el PSOE que no  aparezcan imputados del PP en listas, y él se permite mantener como candidato al alcalde condenado de Quesada. “Vallejo, el alcalde,  ha decidido encabezar de nuevo la lista local del PSOE porque la sentencia aún no es firme, ya que está recurrida ante Audiencia de Jaén…Pero la fiscalía le acusó durante el juicio de hacer la vista gorda en al menos un centenar de casas construidas en suelo no urbanizable”.

El siguiente  párrafo resulta ejemplarizante: “El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, no entiende cómo los socialistas incumplen su código ético. “Los imputados tendrían que dimitir”, recuerda Sanz, refiriréndose a Pilar Sánchez, alcaldable del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez, imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos, tras la supuesta contratación de más de una treintena de asesores.

Los socialistas niegan que su código ético, impulsado por el Comité Federal y ratificado por el Comité Regional, impida que se pueda presentar un imputado por prevaricación o presunta irregularidad urbanística. “Exigimos la dimisión o se expulsa del partido si hay beneficio particular o enriquecimiento ilícito; cuando se haya metido la mano”, explica a El Confidencial el secretario de Comunicación del PSOE andaluz, Francisco Conejo.

El PP-A cuenta con un alcalde imputado por corrupción. Es el caso del primer edil de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, para el que la fiscalía pide cuatro años de cárcel por cobrar presuntamente de promotores a cambio de licencias urbanísticas. “Lo de Martín Serón con prisión y fianza de 100.000 euros son palabras mayores”, añade Conejo. El concejal de Urbanismo de este municipio, Gregorio Guerra, también está imputado por prevaricación y cohecho”.

 Es triste nuestra situación, e insoluble hoy por hoy: los políticos no distinguen entre candidatos dignos e indignos, y los ciudadanos no podemos discriminarlos con nuestros votos al carecer de listas abiertas. El tema de la corrupción  será tratado con mayor extensión, en otra ocasión y fuera del tiempo electoral, para evitar apasionamientos.

Como derivada del caso Gürtel, con falsas  informaciones y posteriores denuncias apareció el caso “Francisco Álvarez Cascos”. ¿Debe apartársele  de las listas electorales y de ahí su aparición en el tiempo oportuno? Esto sí que merece un tratamiento especial y lo haremos.