Creen con frecuencia muchos españoles que hay demasiados funcionarios (“los que cobran de distintas administraciones”) sin distinguir que sólo un 68% lo son “de carrera”, tras superar la oposición correspondiente a su cuerpo y escala. El resto son interinos, laborales, contratados, eventuales, sustitutos, asesores, enchufados, personal de “libre designación” (de los políticos, por supuesto), y otros más de difícil adscripción. La mayor parte de los funcionarios son competentes y trabajan eficientemente. Otros, principalmente los colocados a dedo, están nominalmente en lo público, de ello viven y en ello medran.
Los ciudadanos y funcionarios quieren una Administración ajustada a las necesidades reales, eficaz, ágil y mejor remunerada, pero padecen actualmente otra real, adornada artificialmente de grasa superflua, cada vez menos incentivada. Los funcionarios ni son los culpables ni los responsables de esta triste anomalía: son más bien los sufridores.
Se cree además que los funcionarios están muy bien pagados:
“A estas alturas de la crisis para nadie es un secreto que España tiene demasiados empleados públicos –unos 3,2 millones– y que están muy bien remunerados. De promedio los trabajadores del sector público ganan bastante más que los del privado. El 20,8% de los empleados por el Estado –ya directamente, ya a través de empresas públicas– perciben un salario bruto mensual superior a 3.250 euros. En el sector privado por encima de ese listón sólo hay un minúsculo 7,2%.Son datos que el Instituto Nacional del Estadística (INE) hizo públicos el año pasado. Mientras en el sector público un 60% cobran más de 2.000 euros netos al mes, en el sector privado sólo un 22% pueden presumir de “dos mil euristas”. Las empresas privadas, que son, en última instancia, las que financian mediante impuestos al Estado, se ven de este modo condenadas a pagar mal a sus empleados. La mitad de ellos cobran menos de 1.300 euros al mes, mientras que en las dependencias estatales ese porcentaje baja hasta el 12,5%”.
Sin embargo, la realidad de esta situación compleja es muy diferente, como podremos ver en algunas publicaciones. ¿Tendrá algo que ver el que para acceder a la función pública se requiera una cierta titulación? Los actuales grupos A1 y A2, los de mayor nivel Académico y económico engloban entre otros los sectores sanitario y docente, los cuerpos más numerosos de la Administración que elevan la media salarial de los empleados públicos.
Se resalta en los funcionarios (“muchos y bien remunerados”) otra característica especial: la estabilidad en el puesto de trabajo del que no pueden ser despedidos salvo por expediente disciplinario. Por estas peculiaridades, y aún más por la última, se les considera una casta privilegiada, sin analizar que salvo los funcionarios “de carrera”, los demás son prescindibles cuando finaliza su contrato o deja de existir su necesidad.
No es de extrañar con estos precedentes que un sector importante de la sociedad aplaudiera con las orejas las distintas congelaciones y bajadas del sueldo de los funcionarios y la desaparición de la paga extra de Navidad. Los empleados públicos ni se beneficiaron grandemente en la época de las vacas gordas, ni fueron los culpables de los despilfarros y socavones económicos. Sin embargo, se echa mano de sus sueldos siempre que surgen necesidades especiales ( que suelen ser muchas y cada cierto tiempo).
¿Acaso no son fijos los empleados de Cajas de Ahorros, por ejemplo, que entraron sin ninguna oposición, tienen mejores sueldos y más pagas extra, y gozan de jugosas y tempranas jubilaciones?¿Cuántos de ellos se han quedado en paro a pesar de los millonarios rescates de sus entidades? Al fin y al cabo ellos se beneficiaron de comisiones y buenos sueldos y colaboraron de alguna forma, escasa o importan te en función del puesto, en el hundimiento. Sin embargo, ni se les congela ni se les baja el sueldo ni les quietan ni una sola de sus extras. Pero, ¿cómo podría hacerse algo contra los trabajadores sin pedir primero responsabilidades a los políticos de todo pelaje, sindicalistas y empresarios que actuaron como asesores en sus consejos de administración.
Así se difundió la noticia que hoy nos ocupa, sobre la eliminación de la paga extra de Navidad: :
“Los funcionarios perderán tres días de los seis de libre disposición -los llamados 'moscosos'- y se quedarán también sin los días libres adicionales en función de su antigüedad -los 'canosos'…En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha señalado que este baremo es "muy parecido" al que tienen los convenios laborales privados, que suelen conceder tres jornadas de asuntos propios a los empleados. "El objetivo es asimilar la función pública con el régimen laboral en términos de actividad", ha señalado el ministro…Junto con esta medida, cuya entrada en vigor no se ha precisado, también se eliminará la paga extraordinaria de Navidad de este año, que se reintegrará en 2015 en el plan complementario de pensiones; se reducirán los liberados sindicales y se modificará el régimen de incapacidad laboral transitoria, equiparándolo al régimen general”.
¿Pero qué engaño es ese del “plan complementario de pensiones”? ¿Quiénes y cuántos lo disfrutan de entre todos los funcionarios, donde lo de todos se “reintegre a partir de 2015” a unos pocos?
Aunque los miembros del Gobierno, Parlamento y ex ministros, y otras autoridades se bajen un 7, 1% de su sueldo (dicen que es la parte proporcional a la extraordinaria) como medida ejemplarizante, tal acto carece de lo que pretende al no ser progresivo.Esta medida sólo servirá como propaganda y como señal de improvisación al permitir que aquellos funcionarios que cobren menos de 962 € mensuales, cobrarán la extraordinaria que los demás no tengan. ¿Y los que cobran 1.000€? La falta de progresividad genera injusticia, porque al final quien gana menos pasará a ganar a más sin alegar ningún mérito.
