“Prestación por desempleo” para políticos sin empleo

Parece ser  que los 67 diputados aragoneses tienen  12 pagas al año de 3.295 € cada una. También perciben dietas por kilometraje y manutención, (lo llaman “indemnización”) que depende de su lugar de residencia y puede variar entre los 798 a  los 2.094 € mensuales.  En caso de perder el escaño y no tener otros ingresos pueden cobrar 16 mensualidades de 2.967€ en concepto de   “prestación de desempleo”. Lo que no  indica  la fuente es si se cobrará en meses consecutivos o de una sola vez, aunque igual sea ante la ley.

Más de un diputado castellano-manchego, tanto del PP como del PSOE,  anda buscando empleo tras la reforma de Cospedal, al bajarles el sueldo de 3.659 a 1.555 € al mes a los 42 parlamentarios  que han perdido la “dedicación exclusiva”. Los que tenían profesión u oficio han vuelto a su trabajo y lo compaginan con su actividad parlamentaria. Pero aquellos que ingresaron en la vida política  y han vivido de ella careciendo de otro medio propio se han puesto frente al espejo de la realidad y han de conformarse  con lo que ahora perciban.

Sin embargo, no a todos les ha pillado el toro sin “el carrito político”, porque algunos previsores lo tenían por duplicado: Ayuntamiento y Cortes, cobrando de las últimas y dejando el sueldo del primero para otros compañeros de partido, que es saludable compartir puesto y dinero…Y al ser la paga de vital necesidad, se ha recuperado  la municipal  cuando se ha bajado la  parlamentaria.

Uno de los casos más llamativos es el de la diputada del PP y a la vez portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Puertollano, María José Ciudad, quien viendo la escasez de la “dieta Cospedal” ha materializado una singular pirueta política. Con fecha 1 de enero de 2013 ha solicitado la baja de su compañera de partido  María de Gracia Casado como concejala  liberada de dicho ayuntamiento  para ocupar ella el puesto con "dedicación exclusiva”  y cobrar así  los 2.372 € mensuales municipales y los 1.550 de las Cortes. De esta forma no sólo no habrá pérdida monetaria, sino que incluso podría añadirse una nueva ventaja, “la prestación por desempleo”, en el hipotético caso de necesitarla y tener derecho a ella ,  como consecuencia de la situación política-laboral que conlleva su reciente “dedicación exclusiva”.

La “prestación por desempleo” para los diputados aragoneses (y de otras comunidades en igualdad de condiciones, es de suponer)  sin oficio-empleo  y sin otros ingresos, y para todos aquellos alcaldes y concejales con “dedicación exclusiva” que pierdan el sillón  supone una salida digna temporal para no quedarse en la calle sin nada. Si cuando entraron, inocentes ellos,  en la política fueron tan generosos  que no se preocuparon de asegurar su futuro económico  por afán de servicio a la comunidad, ¿no será justo que también se les indemnice si pierden su medio de ingresos?

Lo que no parece ético y ni estético, aunque sea legal, es que  un político desempeñe un cargo  con “dedicación exclusiva”, de él reciba el sueldo,  y dedique una parte  del mismo tiempo,  con incremento de emolumentos, a otro cargo público más… ¿Lo haría sólo por ánimo de servicio, ejerciendo ambas funciones y renunciando a una de las percepciones económicas? Sin tener en cuenta la cuestión monetaria,  no es creíble que pueda desempeñar totalmente  ambas funciones, incluida aquella de la “dedicación exclusiva”,  Ayuntamiento y Cortes o Diputación, por ejemplo. No puede abandonar temporalmente un trabajo  “exclusivo” (como su mismo nombre indica) para ocupar otro.

Tampoco resultaría ético ni estético  que un político con “dedicación exclusiva” en cualquier puesto de los mencionados  llegare a cobrar  en una sola soldada la “prestación por desempleo”  a la que tiene derecho, al perder el puesto por no salir elegido y, casualmente y al poco tiempo,   volviere a ocupar otro puesto político en la Administración o empresa pública. Por muy indispensable, imprescindible o insustituible que el personaje en cuestión fuese, su caso debería ser expuesto ante la sociedad, que es quien paga, y que lo juzgue pertinente o no, en virtud de la tan cacareada Ley de Transparencia. Pero este caso, mera hipótesis, ni se habrá dado ni se dará jamás, porque nuestros políticos actuales, a Dios gracias, son temerosos del recto cumplimiento de la ética y de la estética. Así lo creo.