24 de junio de 2013

La asignatura de Religión: obligatoriedad en su oferta y voluntariedad en su elección (II de IV)

Ha criticado Cayo Lara (IU) la vuelta de la Religión como asignatura evaluable defendiendo una “educación pública, laica y aconfesional como dice la Constitución” y pregonando  que el Ministro Wert  pretende “hurtar fondos a la educación  pública, adoctrinar a los jóvenes y privatizar la educación pública”.

La verdad es que de ese tipo de educación, “pública, laica y aconfesional”, no se habla en la C.E.  Concretamente el Art. 27 nos dice, entre otras cosas, lo siguiente:
“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca...”
Parece ser que el Sr. Lara sabe más de una “educación estatalizada” lejana que de la española actual, ignorando que existen dos tipos de centros gratuitos sostenidos con fondos públicos: la red de las Administraciones y la de centros concertados… La educación es siempre un servicio público. Hay además otros centros, privados, que no reciben subvención económica del Estado, que se rigen por las leyes del mercado y no son gratuitos. ¿A quiénes interesa una guerra solapada entre la educación pública y la concertada? Se pueden defender perfectamente los intereses de la primera, motivos no le faltan, sin el acoso a la segunda. ¿Acaso mejorarían los resultados de la enseñanza pública (PISA, OCDE…) si no se tuvieran en cuenta los de la concertada?

La asignatura de Religión es de oferta obligada para los centros y de elección voluntaria para los alumnos. Este derecho se fundamenta en:

a) Declaración Universal de Derechos Humanos, Art.  26: "3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". 

b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:: "3. ..libertad de los padres (...) de escoger para sus hijos (...) escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos (...) reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". 

c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "1. ..la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. (…). 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres (...) para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (art. 18).

d) Protocolo nº 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos: "El Estado, …respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas" (art. 2).

e) Resolución sobre la libertad de enseñanza en la Comunidad Europea (1984): "El derecho a la libertad de enseñanza implica …conceder a las escuelas las subvenciones públicas necesarias para ejercer su misión y cumplir sus obligaciones en condiciones iguales a aquellas de que disfrutan los establecimientos públicos correspondientes".(párr. 9).

f) La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos. Sentencia Valsamis, y  Folgerø.

h) LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación): 2.- Artículo cuarto: 1. Los padres o tutores, en los términos que las disposiciones legales establezcan, tienen derecho: b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos. c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y además los artículos 6, 10 y 47.

El derecho a “recibir una formación religiosa y moral” no es una concesión gratuita del gobierno de turno sino un Derecho Constitucional, amparado por diversos Tratados Internacionales, y su consecuencia es la concreción en una asignatura, sobre cuyo contenido se abre otro importante debate.

17 de junio de 2013

La asignatura de Religión en la Lomce: crispación sin debate (I de IV)

Algo tendrá la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) cuando los nacionalistas la detestan y la izquierda la maldice. Los unos no consienten que se toque el modelo lingüístico de su reducto territorial y los otros dirigen  sus dardos a la diana de la evaluación de la Religión. Los  primeros no admiten rebajas en sus proyectos curriculares con adoctrinamiento nacionalista y a  los segundos les aterra la recuperación de los principios de mérito, capacidad y esfuerzo que pongan en evidencia el modelo igualatorio logsiano.

Los ciudadanos informados saben que con las actuales leyes educativas,  todas ellas de inspiración socialista y  aprobadas sin consenso, los alumnos españoles están muy por debajo de la media europea, y los de ciertas CCAA en los últimos puestos de la OCDE. El mensaje que el PP quiere transmitir a la sociedad española es que este modelo ha fracasado.

En vez de analizar objetivamente unas propuestas que puedan evitar el fracaso escolar, cierto y real, la izquierda difunde que el aspecto más criticable de esta ley es la evaluación de la Religión y su nota cuantificable, convirtiendo en esencia lo que es un mero accidente, que puede ser  minimizado con una  evaluación equilibrada. Será otra nueva ocasión perdida si no se aprueba una ley consensuada que perdure a los gobernantes de turno y se centre en el sistema educativo, corrija sus fallos y encare el futuro con mayor éxito, olvidándose de una incipiente lucha entre la enseñanza pública y la concertada, con la asignatura de Religión como señuelo.

“El País” publicaba su encuesta particular para justificar posteriormente sus opiniones  sobre la conveniencia de evaluar esta asignatura:
 “…existe en nuestra sociedad un claro rechazo mayoritario (70% frente a 27%). Este rechazo es masivo (84%) entre los votantes del PSOE, pero lo expresa también la mitad (48%) de los votantes del PP; y es también ampliamente mayoritario entre los católicos poco practicantes (60%), entre los católicos no practicantes (77%) y entre los no creyentes (91%). Tan solo entre la reducida fracción de españoles que se definen como católicos practicantes (y que representan el 17% de toda nuestra población adulta) son mayoría (61%) quienes están de acuerdo con esta medida. Y aun así, entre ellos, un nada despreciable 33% se muestra en contra”. 

Estos datos  no parecen muy fiables, dado que no aparece ni la empresa responsable de la encuesta ni ciertos componentes de la misma.  Si el 48% de los votantes del PP la rechaza, ¿La aceptará el 52% restante? ¿Coincide el 52% de votantes del PP con el 61% del 17% de la población adulta española (35.779.491 en 2011)? Su 17% será 6.082.513, y el 61% de esta cantidad, 3.710.333, apoyaría la iniciativa. Sin embargo, el 52% de los votos del PP (10.866.566) en 2011 es 5.650.614, siendo la diferencia por lo tanto de 1.940.281. ¿Un  margen de error del 35%?

Creen desde “El País” que esta medida

a) Se debe a la presión ejercida por la jerarquía eclesiástica española: “…así lo percibe el 64% de nuestra ciudadanía, y también, y significativamente, el 44% de los votantes populares, el 56% de los católicos poco practicantes y el 66% de los no practicantes; e, incluso, el 37% de los propios católicos practicantes”.

b) Que es consecuencia del  descenso de alumnos que solicitan esta materia tanto en Colegios Públicos como en Institutos, aportando datos de la Conferencia Episcopal Española: “El 75,04% de los alumnos de la enseñanza pública estudiaba la materia confesional en el curso 1996-1997. En tres lustros, se ha producido una caída sostenida. Este curso solo el 56,5% de los estudiantes de los centros públicos está matriculado en esa asignatura. El porcentaje aumenta hasta el 66,7% cuando se le unen los concertados y privados, la mayoría gestionados por la Iglesia. Sin embargo, son casi 14 puntos menos que en 1996”.

(Nota. Si se comparan porcentajes de la enseñanza pública la diferencia es de 18,54 puntos, y de 8,34 si se considera el total. Nunca 14 puntos).

 José María Contreras Mazario, escribe en el mismo diario: “…En primaria eligen los padres y no los alumnos… De hecho, solo el 26,6% de los estudiantes de Bachillerato de los centros públicos se ha decantado este curso por la asignatura confesional. Son 30 puntos menos que hace 16 años. Casi la mitad de los alumnos de la pública (56,5%) no cursa la materia confesional”.

Nota. ¿Y por qué no indica que casi un 60% la cursa?

Los políticos de izquierda y los sindicatos de clase han entrado en tromba contra la medida de la llamada Ley Wert:

Cayo Lara (IU)  ha criticado la vuelta de la religión como asignatura evaluable y ha defendido una educación "pública, laica y aconfesional, como dice la Constitución… y además hay que "acabar con el Concordato, que es preconstitucional…Se equipara con los mismos puntos saber el Ave María con las Matemáticas o la evolución de la especie humana". Cree que “llevar la fe a las escuelas nos retrotrae a la época del nacional-catolicismo", que se hurtan fondos a la educación pública y se pretende "adoctrinar a los jóvenes y privatizar la educación pública, para que los que han perdido en el sector inmobiliario puedan encontrar ahora negocios en los servicios públicos, como la educación". ¡¡¿?!!

Rubalcaba se ha comprometido a retirar la Ley en cuanto ganen las elecciones y a  suspender el Concordato España - Santa Sede. "Hemos gobernado muchos años con ese acuerdo pero había un cierto consenso y si el PSOE cuestiona el acuerdo con la Santa Sede será una posición irreversible, lo haremos para siempre y la cambiaremos cuando gobernemos". Con esta Ley se rompe el consenso entre los dos principales partidos del país dado que supone "cambiar las reglas del juego", "gana la Iglesia" e introduce cambios profundos en un sistema educativo construido durante muchos años "y que empezaba a mejorar"…
Además acudirá  al Tribunal Constitucional por la imposición doctrinaria de la asignatura de Religión y  será la primera ley que derogue en su integridad el PSOE cuando vuelva al poder, por “segregadora”, “clasista” “retrógrada”, “privatizadora” y “confesional”.

Sobran palabras y faltan análisis serios sobre este proyecto de ley, centrados en el mundo educativo y alejados de la política,  y más concretamente  sobre la evaluación de esta asignatura.  Por el bien de la sociedad en su conjunto  deberían haberse pronunciado sobre cuestiones fundamentales como:

1.- Conveniencia o no de la asignatura de Religión en el  curriculum educativo.
2.- Obligatoriedad o voluntariedad de la asignatura, en caso de su existencia.
3.- Necesidad o no de una asignatura alternativa real a la Religión.
4.- El contenido de la asignatura de Religión: catequesis o conocimiento del hecho religioso.
5.- El profesorado de Religión: preparación, selección y nombramiento.
6.- Conveniencia o no de la evaluación de la Religión y sus condiciones.

 Estos puntos serán el objetivo de análisis  en las próximas entradas del blog, con base en documentación y experiencia.

10 de junio de 2013

Las relaciones de Don Miguel de Unamuno con Falange Española (III de III): Morir debatiendo y enseñando, con España de fondo

No es cierto que Unamuno permaneciera encarcelado en  su casa tras el suceso del 12 de octubre en el paraninfo universitario. Fue una reclusión voluntaria, una forma personal de   protesta. A partir de entonces, eran cada vez eran menos los que le visitaban,   privándose unos  del placer de su conversación  y  olvidándose otros de su antes amigo.¿Fue por miedo al que dirán o a la autoridad establecida?

Me propongo en este capítulo completar la serie iniciada hace meses con el incidente habido entre Unamuno - Millán Astray con  las relaciones que el Rector   mantuvo con Falange y con falangistas concretos, desde su encuentro con el fundador el 10 de febrero de 1935 hasta el final de sus días. Es de nuevo Emilio Salcedo quien nos relata las últimas horas de vida de Unamuno en las páginas 420-421 de su libro “La vida de don Miguel”, Ediciones Anaya:

Último día del año,  31 de diciembre de 1936…

“A las cuatro y media de la tarde entra en el despacho el profesor Bartolomé Aragón (falangista), que visita con frecuencia a Unamuno. Don Miguel se esfuerza y con el brillo de sus ojos azules, casi más que con su palabra, le dice al visitante:

—Me encuentro mejor que nunca.

Está sentado ante la camilla, aterido por el frío de la historia y de la soledad. Aragón se sienta ante él y el ex rector le mira.

- Le agradezco que no venga usted con la camisa azul, como lo hizo el último día, aunque veo que trae el yugo y las flechas...; tengo que decirle a usted cosas muy duras y le suplico que no me interrumpa.

Ramos Loscertales, único relator de la muerte de Unamuno por lo que Aragón le contó, no reproduce el monólogo que —escribe— «se abre en ráfagas de pasado nacional histórico y arqueológico, de recuerdos sentimentales de hombres del presente, de visiones de otros pueblos; y hay más amargura y más dolor en los comentarios que acritud o dureza». Bartolomé Aragón le ofrece a don Miguel un ejemplar del periódico de Huelva La provincia de F. E.

- No quiero verlo. No quiero ver esas revistas de ustedes, porque, ¿cómo puede irse contra la inteligencia?

- Don Miguel, Falange ha hecho un llamamiento a los trabajadores de la inteligencia.

-  ¡Cómo!

- Sí, sí, lo ha hecho y le prestarán su apoyo, no lo dude usted. Guardan silencio. El viento extiende su presagio por la calle y retiemblan las maderas del balcón.

- La verdad es —comenta Aragón— que a veces pienso si no habrá vuelto Dios la espalda a España disponiendo de sus mejores hijos.

Don Miguel se inclinó hacia la camilla, dando un puñetazo sobre el tablero.
¡No! ¡Eso no puede ser, Aragón! Dios no puede volverle la espalda a España. España se salvará porque tiene que salvarse.

Unamuno se reclina de nuevo en su sillón y hunde la barbilla en el pecho. El silencio ha vuelto al despacho. El visitante nota que Unamuno no se mueve. Sus zapatillas se están quemando en el brasero. Don Miguel ha muerto. Aragón, asustado, sale del despacho para avisar a la familia. Está pálido y desencajado, apenas si puede hablar.

— ¡Don Miguel, don Miguel!... ¡Yo no le he hecho nada!... ¡Yo no le he matado!

A las seis de la tarde el viento lleva por las calles de Salamanca la noticia como en un susurro de misterio: don Miguel ha muerto, … y la casa de la calle de Bordadores, con la puerta entreabierta, empieza a recibir la visita de muchos que habían dejado solo al viejo escritor.
 (fotografía del entierro de don Miguel de Unamuno. También se encuentra en la página 384 de la o. c. de E. Salcedo)

A las once de la mañana, en la iglesia de la Purísima, se celebran los solemnes funerales, que presiden Fernando y Rafael Unamuno, el rector, don Esteban Madruga, y el decano de Letras, Ramos Loscertales. A las cuatro de la tarde la calle de Bordadores y la de las Úrsulas rebosan de gente. El tenor Miguel Fleta y los periodistas Víctor de la Serna, Antonio de Obregón y Salvador Díaz Ferrer —todos con camisa azul y correajes— toman el féretro, sobre el cual ha sido colocado el birrete negro de rector, en póstuma devolución de su dignidad vitalicia. El cortejo pasa delante de la Torre de Monterrey y sigue por la calle en cuesta de Ramón y Cajal. A la altura del convento de los capuchinos, Mariano Rodríguez de Rivas, delegado nacional de Arte, los escritores Melchor de Almagro San Martín y Carlos Domínguez y otro falangista toman la caja hasta el Campo de San Francisco. Las cintas del féretro eran llevadas por los catedráticos don Nicolás Rodríguez Aniceto, don Francisco Maldonado, don Isidro Beato y don Manuel García Blanco. En torno a la caja llevan las velas los catedráticos don Primo Garrido, don Leopoldo de Juan, Pérez Villaamil y César Real de la Riva, aun no incorporado entonces el claustro salmantino. El duelo lo presiden el rector, los hijos de Unamuno, el decano de Letras y don Andrés Pérez Cardenal.

En el cementerio está abierto el nicho en que fue enterrada Salomé. Se sube la caja que contiene los restos de Unamuno. Cuando ya está dentro, Manuel Gil Ramírez, luego alcalde de Salamanca, extiende el brazo con el saludo romano y grita:

¡Camarada Miguel de Unamuno!

- ¡Presente! —le contestan brazo en alto los falangistas que le han acompañado.

El nicho se cierra y empieza ahora la disputa del cadáver. La noticia de su muerte ha corrido el mundo confundida con partes de guerra. Cuando Ortega la sabe en París comenta: “Temo que suframos ahora una época de atroz silencio”.
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3 de junio de 2013

Servicio privado, público y semipúblico. (II de II). Sector sanitario.

Con las anteriores premisas, podemos pasar al sector sanitario de la Comunidad de Madrid, donde ha estallado un virulento conflicto al querer su Gobierno regional privatizar la gestión de seis hospitales y veintisiete centros de salud, siguiendo el modelo Alzira que introdujo E. Zaplana en 1999 en la Comunidad Valenciana. Aún ha sentado peor que políticos responsables de la adjudicación, construcción  y explotación de hospitales hayan dejado la Administración Pública, con todo su bagaje de experiencia y sean ahora responsables de la gestión privada de esos centros que ellos mismos diseñaron. Este es el caso de M. Lamela, Consejero con E. Aguirre, que mediante contrato concedió a la empresa Hispánica (y otros socios) la construcción  y mantenimiento del Hospital del Tajo (Aranjuez) y la gestión de todas las áreas no asistenciales (celadores, limpieza, seguridad, cafeterías, etc..) a cambio de un canon de nueve millones de euros anuales durante treinta años. Ni que decir tiene que el servicio médico sigue perteneciendo a la Comunidad de Madrid, que los profesionales con oposición no perderán sus puestos de trabajo, y que los usuarios pacientes ni pagan ni pagarán nada de nada. En esto radica en esencia, la llamada “privatización de la sanidad pública madrileña”.

Pero volvamos al principio. Lo que realmente demandan los pacientes es el mejor servicio y la más eficiente atención al menor coste para la Administración y ninguno para ellos. ¿Tan difícil será comprobar con objetividad el funcionamiento de un sistema y otro, sus costes, su grado de satisfacción y optar por el mejor?

Ya que en la Sanidad no se da el componente ideológico achacado a los centros concertados de enseñanza, el tema quedará reducido  al servicio y acto médico. Si los pacientes son los mismos en uno y otro sistema con grados de necesidad semejantes,  los médicos  y enfermeros pertenecen al mismo cuerpo sanitario, a los que sigue pagando la C. de Madrid como hasta ahora, y se comprobara que el coste total resultara ser menor, ¿Cuál sería el problema? Lo que tampoco acierto a comprender es cómo podrá ser rentable y dar la mejor atención médica, si estos centros "externalizados" o "privatizados" tienen que quedarse con todo el personal   y sus derechos adquiridos, y los enfermos especiales han de ser derivados a hospitales del S. N. de Salud en vez de a los suyos propios. Pero esa es otra "guerra".

Incluso se puede profundizar en el debate. ¿Tienen que ser necesariamente  “funcionarios” los médicos y enfermeros, los maestros y los profesores, los celadores y los conserjes, los camilleros, camareros y todos los demás profesionales para que se eleve la calidad del servicio?

¿Y por qué la mayor parte de los funcionarios españoles dependientes de MUFACE, MUGEJU e ISFAS reciben su asistencia sanitaria a través de entidades privadas pudiendo hacerlo con el Sistema Nacional de Salud? Parece una contradicción el que el sector público no disponga del servicio  público.
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NOTA: los funcionarios públicos jubilados (Clases Pasivas) pagan el 30% de sus medicinas, independientemente que les sean recetadas por médicos del S.N. de Salud o desde la entidad sanitaria privada elegida de entre las concertadas.