La asignatura de Religión en la Lomce: crispación sin debate (I de IV)

Algo tendrá la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) cuando los nacionalistas la detestan y la izquierda la maldice. Los unos no consienten que se toque el modelo lingüístico de su reducto territorial y los otros dirigen  sus dardos a la diana de la evaluación de la Religión. Los  primeros no admiten rebajas en sus proyectos curriculares con adoctrinamiento nacionalista y a  los segundos les aterra la recuperación de los principios de mérito, capacidad y esfuerzo que pongan en evidencia el modelo igualatorio logsiano.

Los ciudadanos informados saben que con las actuales leyes educativas,  todas ellas de inspiración socialista y  aprobadas sin consenso, los alumnos españoles están muy por debajo de la media europea, y los de ciertas CCAA en los últimos puestos de la OCDE. El mensaje que el PP quiere transmitir a la sociedad española es que este modelo ha fracasado.

En vez de analizar objetivamente unas propuestas que puedan evitar el fracaso escolar, cierto y real, la izquierda difunde que el aspecto más criticable de esta ley es la evaluación de la Religión y su nota cuantificable, convirtiendo en esencia lo que es un mero accidente, que puede ser  minimizado con una  evaluación equilibrada. Será otra nueva ocasión perdida si no se aprueba una ley consensuada que perdure a los gobernantes de turno y se centre en el sistema educativo, corrija sus fallos y encare el futuro con mayor éxito, olvidándose de una incipiente lucha entre la enseñanza pública y la concertada, con la asignatura de Religión como señuelo.

“El País” publicaba su encuesta particular para justificar posteriormente sus opiniones  sobre la conveniencia de evaluar esta asignatura:

 “…existe en nuestra sociedad un claro rechazo mayoritario (70% frente a 27%). Este rechazo es masivo (84%) entre los votantes del PSOE, pero lo expresa también la mitad (48%) de los votantes del PP; y es también ampliamente mayoritario entre los católicos poco practicantes (60%), entre los católicos no practicantes (77%) y entre los no creyentes (91%). Tan solo entre la reducida fracción de españoles que se definen como católicos practicantes (y que representan el 17% de toda nuestra población adulta) son mayoría (61%) quienes están de acuerdo con esta medida. Y aun así, entre ellos, un nada despreciable 33% se muestra en contra”. 

Estos datos  no parecen muy fiables, dado que no aparece ni la empresa responsable de la encuesta ni ciertos componentes de la misma.  Si el 48% de los votantes del PP la rechaza, ¿La aceptará el 52% restante? ¿Coincide el 52% de votantes del PP con el 61% del 17% de la población adulta española (35.779.491 en 2011)? Su 17% será 6.082.513, y el 61% de esta cantidad, 3.710.333, apoyaría la iniciativa. Sin embargo, el 52% de los votos del PP (10.866.566) en 2011 es 5.650.614, siendo la diferencia por lo tanto de 1.940.281. ¿Un  margen de error del 35%?

Creen desde “El País” que esta medida

a) Se debe a la presión ejercida por la jerarquía eclesiástica española: “…así lo percibe el 64% de nuestra ciudadanía, y también, y significativamente, el 44% de los votantes populares, el 56% de los católicos poco practicantes y el 66% de los no practicantes; e, incluso, el 37% de los propios católicos practicantes”.

b) Que es consecuencia del  descenso de alumnos que solicitan esta materia tanto en Colegios Públicos como en Institutos, aportando datos de la Conferencia Episcopal Española: “El 75,04% de los alumnos de la enseñanza pública estudiaba la materia confesional en el curso 1996-1997. En tres lustros, se ha producido una caída sostenida. Este curso solo el 56,5% de los estudiantes de los centros públicos está matriculado en esa asignatura. El porcentaje aumenta hasta el 66,7% cuando se le unen los concertados y privados, la mayoría gestionados por la Iglesia. Sin embargo, son casi 14 puntos menos que en 1996”.

(Nota. Si se comparan porcentajes de la enseñanza pública la diferencia es de 18,54 puntos, y de 8,34 si se considera el total. Nunca 14 puntos).

 José María Contreras Mazario, escribe en el mismo diario: “…En primaria eligen los padres y no los alumnos… De hecho, solo el 26,6% de los estudiantes de Bachillerato de los centros públicos se ha decantado este curso por la asignatura confesional. Son 30 puntos menos que hace 16 años. Casi la mitad de los alumnos de la pública (56,5%) no cursa la materia confesional”.

Nota. ¿Y por qué no indica que casi un 60% la cursa?

Los políticos de izquierda y los sindicatos de clase han entrado en tromba contra la medida de la llamada Ley Wert:

Cayo Lara (IU)  ha criticado la vuelta de la religión como asignatura evaluable y ha defendido una educación "pública, laica y aconfesional, como dice la Constitución… y además hay que "acabar con el Concordato, que es preconstitucional…Se equipara con los mismos puntos saber el Ave María con las Matemáticas o la evolución de la especie humana". Cree que “llevar la fe a las escuelas nos retrotrae a la época del nacional-catolicismo", que se hurtan fondos a la educación pública y se pretende "adoctrinar a los jóvenes y privatizar la educación pública, para que los que han perdido en el sector inmobiliario puedan encontrar ahora negocios en los servicios públicos, como la educación". ¡¡¿?!!

Rubalcaba se ha comprometido a retirar la Ley en cuanto ganen las elecciones y a  suspender el Concordato España - Santa Sede. "Hemos gobernado muchos años con ese acuerdo pero había un cierto consenso y si el PSOE cuestiona el acuerdo con la Santa Sede será una posición irreversible, lo haremos para siempre y la cambiaremos cuando gobernemos". Con esta Ley se rompe el consenso entre los dos principales partidos del país dado que supone "cambiar las reglas del juego", "gana la Iglesia" e introduce cambios profundos en un sistema educativo construido durante muchos años "y que empezaba a mejorar"…

Además acudirá  al Tribunal Constitucional por la imposición doctrinaria de la asignatura de Religión y  será la primera ley que derogue en su integridad el PSOE cuando vuelva al poder, por “segregadora”, “clasista” “retrógrada”, “privatizadora” y “confesional”.

Sobran palabras y faltan análisis serios sobre este proyecto de ley, centrados en el mundo educativo y alejados de la política,  y más concretamente  sobre la evaluación de esta asignatura.  Por el bien de la sociedad en su conjunto  deberían haberse pronunciado sobre cuestiones fundamentales como:

1.- Conveniencia o no de la asignatura de Religión en el  curriculum educativo.

2.- Obligatoriedad o voluntariedad de la asignatura, en caso de su existencia.

3.- Necesidad o no de una asignatura alternativa real a la Religión.

4.- El contenido de la asignatura de Religión: catequesis o conocimiento del hecho religioso.

5.- El profesorado de Religión: preparación, selección y nombramiento.

6.- Conveniencia o no de la evaluación de la Religión y sus condiciones.

 Estos puntos serán el objetivo de análisis  en las próximas entradas del blog, con base en documentación y experiencia.