Servicio privado, público y semipúblico. (II de II). Sector sanitario.

Con las anteriores premisas, podemos pasar al sector sanitario de la Comunidad de Madrid, donde ha estallado un virulento conflicto al querer su Gobierno regional privatizar la gestión de seis hospitales y veintisiete centros de salud, siguiendo el modelo Alzira que introdujo E. Zaplana en 1999 en la Comunidad Valenciana. Aún ha sentado peor que políticos responsables de la adjudicación, construcción  y explotación de hospitales hayan dejado la Administración Pública, con todo su bagaje de experiencia y sean ahora responsables de la gestión privada de esos centros que ellos mismos diseñaron. Este es el caso de M. Lamela, Consejero con E. Aguirre, que mediante contrato concedió a la empresa Hispánica (y otros socios) la construcción  y mantenimiento del Hospital del Tajo (Aranjuez) y la gestión de todas las áreas no asistenciales (celadores, limpieza, seguridad, cafeterías, etc..) a cambio de un canon de nueve millones de euros anuales durante treinta años. Ni que decir tiene que el servicio médico sigue perteneciendo a la Comunidad de Madrid, que los profesionales con oposición no perderán sus puestos de trabajo, y que los usuarios pacientes ni pagan ni pagarán nada de nada. En esto radica en esencia, la llamada “privatización de la sanidad pública madrileña”.

Pero volvamos al principio. Lo que realmente demandan los pacientes es el mejor servicio y la más eficiente atención al menor coste para la Administración y ninguno para ellos. ¿Tan difícil será comprobar con objetividad el funcionamiento de un sistema y otro, sus costes, su grado de satisfacción y optar por el mejor?

Ya que en la Sanidad no se da el componente ideológico achacado a los centros concertados de enseñanza, el tema quedará reducido  al servicio y acto médico. Si los pacientes son los mismos en uno y otro sistema con grados de necesidad semejantes,  los médicos  y enfermeros pertenecen al mismo cuerpo sanitario, a los que sigue pagando la C. de Madrid como hasta ahora, y se comprobara que el coste total resultara ser menor, ¿Cuál sería el problema? Lo que tampoco acierto a comprender es cómo podrá ser rentable y dar la mejor atención médica, si estos centros "externalizados" o "privatizados" tienen que quedarse con todo el personal   y sus derechos adquiridos, y los enfermos especiales han de ser derivados a hospitales del S. N. de Salud en vez de a los suyos propios. Pero esa es otra "guerra".

Incluso se puede profundizar en el debate. ¿Tienen que ser necesariamente  “funcionarios” los médicos y enfermeros, los maestros y los profesores, los celadores y los conserjes, los camilleros, camareros y todos los demás profesionales para que se eleve la calidad del servicio?

¿Y por qué la mayor parte de los funcionarios españoles dependientes de MUFACE, MUGEJU e ISFAS reciben su asistencia sanitaria a través de entidades privadas pudiendo hacerlo con el Sistema Nacional de Salud? Parece una contradicción el que el sector público no disponga del servicio  público.
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NOTA: los funcionarios públicos jubilados (Clases Pasivas) pagan el 30% de sus medicinas, independientemente que les sean recetadas por médicos del S.N. de Salud o desde la entidad sanitaria privada elegida de entre las concertadas.