En la entrada anterior publicada el 14 de julio pasado el título “El idioma cooficial: ¿mérito profesional o requisito indispensable para el acceso a la Función Pública?” pudimos ver la propuesta hecha por el partido político Ciudadanos así como las críticas recibidas de otros partidos por hacerlo.
Veamos:
a) Ninguno de los políticos críticos con la propuesta de Ciudadanos ha destacado las ventajas de establecer el idioma cooficial como un requisito ni ha sido capaz de exponer los inconvenientes de considerarlo como un mérito más.
b) Los que han pedido hasta la saciedad del “derecho a decidir…” ahora se lo niegan a quienes quieren decidir en qué idioma presentarse a una oposición de funcionario, qué lengua vehicular prefieren en la escuela y en qué idioma desean ser atendidos en el sistema sanitario.
c) Margarita Robles (PSOE) acusó a Ciudadanos de "tratar de coger cualquier cuestión que les parezca que les puede dar rédito electoral para apuntarse ese tanto…Nosotros entendemos que hay una manera de hacer política mucho más seria y no pensando en la foto". ¿Qué tiene eso que ver con la propuesta? Absolutamente nada. Esas palabras grises e insustanciales hubieran valido para criticar cualquier asunto. El PSOE tiene un problema muy serio con el PSC del que ni saben ni quieren salir. Los socialistas catalanes cultivan el nacionalismo tanto como quienes confiesan serlo. Además, tienen parte de responsabilidad por sus años de gobierno en Cataluña y en España.
d) ¿Se pueden “preservar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, que puedan elegir en qué lengua se dirigen a su administración” que dice Josep Vendrell si se suprime y prohíbe uno de ellos? ¿Se atreverían a pedir un referéndum para que “los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas” decidieran que competencias deberían tener las CCAA? ¿Cómo puede afirmarse que “un país con reconocimiento igualitario de las lenguas es más rico, más unido y más diverso" eliminado la más importante de ellas?
e) Irene Montero de PODEMOS debería explicar las relaciones que guardan las “las posiciones monárquicas más rancias y uninacionales” con la exclusión del español para optar a un puesto en una Administración autonómica, demostrar que España es “plurinacional” y aclarar qué persigue con la introducción de vocablos tan singulares como “portavozas y uninacionales”, si demostrar lo que ignora o hacerse la interesante.
f) Los calificativos de Miguel Anxo Fernán Vello, (En Marea de Podemos), hacia la propuesta de Cs resultan al menos al menos sorprendentes: “regresiva y descentralizadora (sic)”. Dice también que “rompe un gran consenso" sin explicar en qué consistía y entre quiénes.
g) Es difícil comprender lo que el portavoz de ERC, Joan Tardá, ansía y pregona: separarse de España y a la vez convertirla en un “Estado plurilingüe”.
h) ¿Demostrará algún día el vasco Aitor Esteban Bravo que la propuesta de Ciudadanos es “inconstitucional”? Si “ir al encuentro y al acuerdo” supone eliminar un idioma, están muy claros los objetivos.
i) Rafael Hernando (PP) dice "No conocer la proposición, que el sistema está bien y evidentemente si un médico llega a Baleares y gana la oposición pues hay que dejarle. No cree que haya intención de echarle". No resulta acertado opinar sin conocer y parece no haberse enterado del problema de quienes no pueden acceder a las oposiciones. Cree que "lo importante es que los médicos estén en condiciones de comunicarse y reconocer a sus pacientes en la lengua que estimen, que la normativa que existe en estos momentos está funcionando bien…” El problema no está en el idioma que paciente y médico deciden entenderse sino en la decisión política que impone el uso de un idioma en detrimento de otro en la escuela, en la sanidad y en otros ámbitos de la vida.
En realidad lo que persiguen los nacionalistas y separatistas con su restricción lingüística es alejarse de todo aquello que suene a España y español para considerarse diferentes y explotar la singularidad. Resulta incomprensible que una Administración pretenda seleccionar a los mejores impidiendo la participación de un importante sector de aspirantes.
Parece desprenderse de esa política excluyente que el objetivo consiste en conseguir una Administración al servicio de intereses nacionalistas con funcionarios pagados con unos suculentos sueldos, muy superiores a los que perciben los de la Administración General del Estado de similar rango.
¿Pueden demostrar que su proceso selectivo se lleva a cabo atendiendo a la “igualdad, capacidad y mérito”, conlleva mayor dificultad y por eso merecen mayores salarios que sus homólogos de la A.G.E?
Son interesantes los siguientes artículos que nos muestran las brechas salariales entre funcionarios de equivalente rango que unos callan y otros ocultan:
