El Presidente de Ciudadanos, Cs, Albert Rivera, anunció a mediados de febrero pasado que su partido había presentado una proposición de Ley “para que el conocimiento de las lenguas cooficiales fuera un mérito y no un requisito en el acceso a un puesto de trabajo en la función pública. Esta iniciativa modifica la ley del estatuto básico del empleado público para evitar que una legislación autonómica pueda imponer la lengua de ese territorio de manera genérica.” Así pues, el conocimiento de una lengua cooficial sólo debería ser un mérito más en el currículum del aspirante a un puesto de trabajo y de una manera “proporcionada”.
En consecuencia, esta Ley serviría para “garantizar la igualdad en el acceso al empleo público sin discriminación lingüística”. Rivera ha explicado que “una cosa es que saber más idiomas te suba la puntuación, y otra que te impida acceder a un empleo en España”, asegurando que “si me tienen que operar o atender, lo importante no es un certificado lingüístico, sino que te salven la vida”.
Su número dos en Cs, José Manuel Villegas, señaló con algunos ejemplos que para un profesor de catalán sería un requisito el conocimiento de ese idioma, pero no para un cirujano al que se le podría otorgar cierta puntuación por ello, sin que ello supusiera nunca un obstáculo. Esta es la respuesta de Ciudadanos al controvertido decreto balear, que exige catalán a los médicos para tener plaza fija, y es también su propuesta para que un idioma cooficial no sea nunca un requisito para el acceso a la función pública, y puntúe como otro mérito más.
Ante esta iniciativa lingüística de Ciudadanos, tanto la izquierda como los nacionalistas y separatistas han respondido con mayor dosis de insultos e ira que de argumentos:
- Margarita Robles (PSOE) ha acusado a Ciudadanos de estar "tratando de coger cualquier cuestión que les parece que les puede dar rédito electoral para apuntarse ese tanto…Nosotros entendemos que hay una manera de hacer política mucho más seria y no pensando en la foto".
- Josep Vendrell, (En Comú Podem) ha culpado a Cs de "declarar la guerra a la pluralidad y al carácter plurilingüístico del Estado", añadiendo que "Hay que preservar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, que puedan elegir en qué lengua se dirigen a su administración". La Vanguardia, apunta que en su opinión, "cuestiona el propio Estado de las autonomías, que se empieza quitando la lengua cooficial y al final se quitan las competencias autonómicas y que un país con reconocimiento igualitario de las lenguas es "más rico, más unido y más diverso".
- Irene Montero, (Podemos) ha pedido a los de Rivera que tomen "ejemplo de los ciudadanos que hablan muchas lenguas con total naturalidad" en vez de "las posiciones monárquicas más rancias, uninacionales, que niegan la plurinacionalidad de nuestro país".
- Miguel Anxo Fernán Vello, (En Marea de Podemos), ha calificado la propuesta como “una iniciativa regresiva, descentralizadora, fuera de lugar y que rompe un gran consenso".
- Joan Tardá (ERC) ha anunciado que insistirán con una propuesta ya presentada en 2005 para que convertir España en un "Estado plurilingüe".
- Aitor Esteban (PNV), ha tildado la iniciativa de Cs de "inconstitucional" calificándolo de ser un "partido incendiario" que "no va al encuentro y al acuerdo, sino que usa lo demagógico y llamativo para buscar un puñado de votos".
- Rafael Hernando (PP) ha asegurado que tienen que estudiar la propuesta y que "lo importante es que los médicos estén en condiciones de comunicarse y reconocer a sus pacientes en la lengua que estimen, que la normativa que existe en estos momentos está funcionando bien y lo que no entiende es que haya formaciones políticas, en Baleares o en otros territorios, que pretendan inventarse a través del idioma barreras de competencia", y añadió que "Yo lo que quiero cuando voy al médico es que me atienda un buen médico". Terminó diciendo "No conocer la proposición, que el sistema está bien y evidentemente si un médico llega a Baleares y gana la oposición pues hay que dejarle. No cree que haya intención de echarle".
Tras las críticas recibidas, Rivera ha pedido al PSOE que recapacite porque “va a tener que decidir si es un partido socialista obrero español o si lo que quiere es hacer lo que está haciendo en Baleares que es discriminar a médicos, especialistas, a personas que colaboran en el día a día para levantar este país". Y ha asegurado que ya se esperaba lo dicho por separatistas y podemitas.
Llegados a este punto convendría recordar algunos de los artículos de la Constitución Española:
Artículo 1.
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Artículo 3.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 23.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igual dad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes
Artículo 103.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 149.
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Como consecuencia de lo anterior, ¿se ajusta al articulado constitucional ese tipo de convocatoria de oposiciones a la Función Pública para cualquiera de sus puestos con el requisito indispensable del conocimiento del idioma cooficial en cada Comunidad Autónoma?
Para una mayor profundización se recomienda la lectura del trabajo que lleva por título
En la próxima entrada analizaremos las críticas realizadas a la propuesta de Ciudadanos, así como algunas otras observaciones y reflexiones.
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