El día 28 de mayo de 2018 publiqué en este blog “El extraño paradigma de acceder a las mismas plazas universitarias con pruebas diferentes” y poco después, su segunda parte. En ambos trabajos se aportaban datos de la selectividad de diferentes CCAA y se comparaban con los obtenidos en los Informes PISA. Las conclusiones indicaban la necesidad de un cambio radical para evitar tan manifiesta injusticia, aunque para ciertas autonomías no era entonces un asunto relevante.
Pasó algo más de un año y El País recomendó “Revisar la selectividad. Reformar la EVAU (Avaluación para el Acceso a la Universidad) exige abrir una reflexión profunda para que la evaluación tenga una mayor dosis de equidad”. La exposición del contenido se aproximaba a la realidad, pero carecía de la respuesta adecuada: constataba la existencia de un problema que afecta y determina el futuro profesional de muchos alumnos pero no propone las soluciones apropiadas. Podría deducirse que no interesa políticamente que ciertas CCAA se solivianten ni que se airee el defectuoso funcionamiento de otras con la administración de sus competencias educativas.
Es un hecho objetivo y por todos sabido que:
- Coexisten en España 17 modelos educativos diferentes, tantos como autonomías y cada una establece su prueba de selectividad tanto en materia como en nivel de exigencia.
- Los alumnos de E. Primaria, Secundaria y Bachillerato no pasan ninguna prueba objetiva externa común e igual para todos ellos salvo la del Informe PISA, centrado en estudiantes de 15 años.
- Cada centro educativo (público, concertado o privado) evalúa según sus propios criterios e intereses y las notas de calificación con las que puntúa no guardan relación con las de otro, cerca o lejano, de la misma o diferente comunidad Autónoma
- Las calificaciones de Bachillerato (60% de la nota final) asignadas con baremos dispares tienen mayor peso que las obtenidas en las pruebas específicas de la EVAU (40%), más objetivas en contenidos y corrección.
- Las notas de los alumnos se originan de forma distinta pero optan por igual a las mismas plazas de la Universidad.
- Sin una explicación razonable posible, se da el hecho cierto de que alumnos de CCAA con peores notas en el Informe PISA superan en selectividad a quienes las tenían mejores.
- El problema no radica en aprobar la selectividad, ya que más del 90% lo consigue, sino en conseguir la nota que posibilite el acceso a la carrera deseada, y eso suele dirimirse por décimas o centésimas muchas de las veces.
- Así como hay CCAA con alumnos perjudicados que abogan por una única e igual prueba para toda España, las hay también que se oponen: unas lo hacen para ocultar unos resultados peores a los deseados, otras por sentirse diferentes sin lazos comunes, y otras por ambos motivos.
No resulta aventurado afirmar que modificar el actual modelo de EVAU supondría un cambio cualitativo en la concepción política de España y contaría con la oposición de los políticos nacionalistas y separatistas, denunciando invasión de competencias, imposición del castellano como lengua vehicular y otros variopintos argumentos.
Dice el editorial de referencia que “El plan por el que aboga el Gobierno no contempla esta opción, pero sí aspira a sentar las bases para homogeneizar los temarios y los exámenes correspondientes a las asignaturas troncales.” Consecuentemente se reconoce la desigualdad en temarios y exámenes, pero no se presenta un proyecto serio de enmienda.
El editorialista, por su parte, también se percata de que el actual sistema de evaluación presenta diferente dificultad de contenidos, distinto modelo de examen y desigual modo de corrección cuando dice que “Reformar la Evau exige abrir de una vez por todas una reflexión profunda. Lo fundamental es que los exámenes —centralizados o no— tengan un nivel de dificultad similar para evitar situaciones ventajosas, que los contenidos se ajusten a un modelo estandarizado y que las calificaciones sean homogéneas”.
Sin embargo, su aportación no pasa de ser un mero consejo bienintencionado sobre una pretendida similitud en la dificultad de los exámenes. Pero, ¿Sólo en ellos? ¿Y por qué no en el volumen de materia de estudio y en los criterios de corrección?
La gran mayoría de afectados está de acuerdo en que la prueba única y común es la que mejor responde a la necesidad de equidad para los examinandos, y que hartas complicaciones tiene ya una corrección equilibrada y su transformación en notas como para añadir la dosis siguiente de “buenismo social”:
“Si bien es preciso limar las desigualdades educativas, también lo es crear mecanismos para valorar otros parámetros, como las condiciones sociales y económicas de los alumnos. Tener en cuenta el contexto familiar y personal permite afrontar la evaluación con una mayor dosis de equidad. Ahí radica el gran cambio”
¿Cómo compaginar datos objetivos sobre conocimientos con situaciones familiares y personales? ¿Es conveniente una puntuación extra para alumnos de familias desfavorecidas o desestructuradas? ¿Debe valorarse y sumarse a la nota numérica el esfuerzo de cada alumno en función de su coeficiente intelectual?
Ese último párrafo del editorial recuerda la noticia que su mismo periódico dio pocos días antes (“Ann Cook, la mujer que liberó a 39 institutos públicos de Nueva York de los exámenes. La profesora ha creado una red de centros que no están obligados a presentarse a la Selectividad estadounidense en busca de un sistema menos academicista.”). Si esa experiencia se llegara a implantar en España, el problema desaparecería de raíz: ¡Fuera notas y fuera selectividad! Pero ¿mejoraría el sistema educativo?
En la LOMCE figuraba que una reválida del Bachillerato en forma de test e igual para toda España sustituiría la prueba de selectividad y cada Universidad podría establecer otra prueba más de acceso. Este sistema fue rechazado por las CCAA de corte socialista y nacionalistas.
Posteriormente se llegó a un principio de acuerdo para implantar en junio de 2017 una reválida del Bachillerato parecida a la actual selectividad condicionado a que cada Comunidad Autónoma decidiera el tipo de preguntas, las fechas y un igual sistema de puntuación. Al final todo quedó como estaba, dada su oposición a la LOMCE y su intención de derogarla. Las CCAA no estaban dispuestas, como tampoco lo están hoy, a perder su singularidad en favor de una prueba común e igual para todos y a eliminar una situación injusta. ¿Cambiarán voluntariamente en un futuro? No parece fácil, aunque sí deseable.
Pronto veremos en qué termina todo esto cuando la nueva ley educativa promovida por la Ministra Celaá se apruebe y entre en vigor.
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