JUAN CARLOS I sale de España y UNIDAS PODEMOS invoca una “república solidaria y plurinacional”

Don Juan Carlos I no está en España. Una situación insostenible provocada por las informaciones  sobre sus presuntos negocios opacos y operaciones financieras insuficientemente explicadas ha forzado su salida. Ha preferido marcharse antes que seguir dañando la imagen de la Corona  y ha mandado una carta de despedida, fechada el 3 de agosto a su hijo el Rey Felipe VI quien ha aceptado  la decisión de su padre de “trasladarse fuera de España”. 

 Se ha dicho e insistido en que así lo ha querido Juan Carlos I y que sólo afecta a su vida privada,  dado que el 2 de junio de 2019 renunció a la función institucional. Pero a nadie se le escapan las presiones del Gobierno y de ciertos sectores de la sociedad. El escenario asignado al Rey no es nada fácil: tras retirar el  título de duques a su hermana Cristina y cuñado Iñaki por el caso Noos, tiene que resolver ahora el problema de su padre.

De momento no se le ha despojado del título de Rey a Juan Carlos, lo que hubiera supuesto una drástica medida y la necesidad de modificar el decreto del 13 de junio de 2014 en el que se lee: "Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias".

He aquí el comunicado de la Casa de S. M. El Rey

De momento se ignora el tiempo de permanencia  en el pais en el qeu se aloja, aunque será algo debidamente conocido por el Gobierno, porque allí donde  está o esté tendrá un dispositivo de seguridad a cargo de los presupuestos del Estado. El Rey Felipe VI ha mostrado su “sentido respeto y agradecimiento”  y ha reafirmado “los  valores sobre los que la democracia se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico".

 La determinación de Juan Carlos pudo comenzar a gestarse el 27 de mayo de 2019 cuando desapareció de la vida pública oficial,  se consolidó posteriormente al renunciar Felipe VI a su herencia y retirar la asignación a su padre  el pasado 15 de marzo,  y tuvo el desenlace recientemente tras conocerse las declaraciones de Corinna Larsen.

 A pesar de que algunos sectores antimonárquicos han querido tratar este asunto como una huida de la Justicia, no parece que sea ese el objetivo, según se desprende de la noticia publicada por el diario El Mundo:

“El letrado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, ha emitido un comunicado donde asegura que el Emérito le "ha dado instrucciones" para que haga público que tras "su decisión de trasladarse en estos momentos fuera de España permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna".

Con este mensaje, los servicios jurídicos del Monarca, quien no se encuentra imputado en ningún procedimiento judicial en la actualidad puesto que las diligencias que mantiene abierta la Fiscalía son preprocesales, quieren transmitir que abandonar en estos momentos el país no constituye un acto para trata de eludir una posible acción de la Justicia española. De momento, el Emérito tampoco tiene abierto ningún procedimiento judicial en Suiza, donde sí están siendo investigados por blanqueo de capitales sus presuntos testaferros, el abogado Dante Canónica y el gestor Arturo Fassana,  y su ex "amiga entrañable" Corinna Larsen. Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO sostienen que el país helvético carece de competencias para investigar al ex Jefe del Estado.”

Menos comprensiva ha resultado la actitud de U. PODEMOS, cuyo portavoz en el Congreso, Pablo Echenique,  ha pedido que se “le impida huir (a Juan Carlos I)”  ya que  “teniendo causas pendientes en España y tanto dinero para viajar y protegerse, ¿la Justicia va a permitir que se marche? ¿No podría eso dificultar las pesquisas?”, insinuando a la vez que “su marcha pudiera dificultar la investigación judicial en la que está inmerso” y no mejora ni la monarquía ni la democracia.

 Ha añadido además que "la gente no estaba pidiendo que Juan Carlos de Borbón se marchase de España", sino que “se conozca la verdad sobre sus actividades presuntamente corruptas, que pague por los delitos que haya cometido y que devuelva los impuestos evadidos”.

 Y ha advertido también que su partido,  Unidas Podemos, seguirá “explorando todas las vías para que los negocios turbios de Juan Carlos de Borbón se investiguen a fondo, se conozca la verdad, se sepa hasta dónde y hasta quiénes llega la trama y se ponga fin a la impunidad”.

El Comunicado del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común emitido tras la marcha de Juan Carlos I completaba la información de  Pablo Echenique con las siguientes aportaciones:- Califica de “huida” la salida de España y hace referencia de “siete delitos relacionados con actuaciones presuntamente corruptas y fraudes a la Hacienda Pública” y lo declara  como  un “intento de sustraerse a la acción de la justicia”, insinuación carente de fundamento.

- Denuncia el privilegio de la “inviolabilidad” sin explicar si también lo son “la inmunidad y el aforamiento” que afecta a cientos de cargos electos, olvidándose del derecho a la “presunción de inocencia”.

-  Atribuye al Emérito una “inmensa fortuna” sin saber su cantidad y origen, lo cual es una simple exageración interesada.

-  Formula un ataque directo a la forma de Jefatura del Estado. ¿Debe suprimirse una institución, ya sea la Monarquía, una Diputación, una Comunidad Autónoma o un partido político por  los errores o delitos de sus representantes?

-  Menciona una “sucesión de crisis económicas y sociales soportadas por la mayoría social”, pero no analiza sus posibles causas ni los agentes que las provocaron. 

-  Reclama un debate social sobre el modelo de Estado de España esperando que “el pueblo se decida por una república solidaria y plurinacional que garantice todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas” sin especificar quiénes no los tienen en la actual monarquía parlamentaria. Pero se olvida incluir en ese referéndum otros asuntos que afectan a los españoles y también fueron votados “indirectamente” con el texto de la Constitución Española de 1978.

Este asunto sigue de actualidad y en él seguiremos en las próximas entradas...

NECEDADES VARIAS

 Comenta José-Tomás Cruz Varela en su carta de hoy que los pactos habidos entre PSOE-U. PODEMOS con Bildu para la aprobación de los P.G.E.  han soliviantado a ciertos “barones” socialistas. No han sido los primeros en firmarse ni serán los últimos, y desgraciadamente nada gratuitos.

A decir verdad, las quejas de esos “barones” no han pasado de simples discrepancias verbales acalladas inmediatamente por el “amado líder” y su ley de silencio. Quizás haya pesado más en la mente de los díscolos el recuerdo subliminal  de “Quien se mueva no sale en la foto”  que sus propias convicciones éticas. Y es que W. Churchill lo vaticinó con acierto hace ya años: "Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos". Pues eso…

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NECEDADES VARIAS

(Con el ruego de su publicación en la sección de “cartas al Director")

 Afirmar a estas alturas de la legislatura que no existió intento de acuerdo alguno con Bildu, en torno a los Presupuestos por parte del PSOE, no pasa de ser una solemne necedad,  como inútiles resultaron igualmente las llamadas de José Luis Ábalos a los secretarios generales de su partido.

Pedro Sánchez criticó el lunes pasado a los barones  por su actitud poco complaciente, si bien el partido esgrime ahora que no existe acuerdo alguno con Bildu y que los cínicos comentarios de Pablo Iglesias obedecen exclusivamente a una postura de Unidas Podemos.

No se quiere reconocer que durante los mandatos de Felipe González y Rodríguez Zapatero (salvando las distancias) jamás el PSOE había estado sometido a su Secretario General como en la etapa actual, en  la que Sánchez ha impuesto una Dirección Federal de diputados serviles, instalados en puestos privilegiados dentro de la Administración. Y eso ha derivado en la comisión de una cadena de errores,   que unida a la mediocridad de muchos de ellos, traerán desagradables consecuencias.

Ante la necesidad de aprobar como sea los Presupuestos Generales  y poder seguir gobernando sin escrúpulos, y una vez más faltando a su palabra, Sánchez  se apoya ahora en los acuerdos del PSOE y Podemos y en el compromiso no bien explicado de sus socios de investidura. El presidente discriminó a ciertos barones por su espíritu crítico aplastando cualquier amago de disconformidad no pasando de simples opiniones.

Al margen del criterio del histórico dirigente andaluz, Alfonso Guerra que se sumó a los postulados de Vara y Page, caerá en el saco roto de Ferraz. Según Aznar en "Expansión”, Sánchez  parece decidido a suscribir, a medio plazo,  el pacto con Otegui inspirado por Iglesias.

 A este paso y en opinión multitudinaria, vamos camino de la ruptura entre las dos Españas que ya no son izquierda y derecha, sino algo, posiblemente muy distinto. Lo de culpar al PP dejó de ser original. Y tal como se presenta el actual panorama, lo suyo sería, primordialmente, intentar superar la terrible crisis pandémica con desastrosos efectos sanitarios y económicos. El tiempo nos dirá si lo consigue

Atentamente.

José-Tomás Cruz Varela

Ex Director de RR.HH.

 

 

 

 

La EvAU: una prueba de selectividad manifiestamente mejorable

El día 28 de mayo de 2018 publiqué en este blog  “El extraño paradigma de acceder a las mismas plazas universitarias con pruebas diferentes” y poco después,  su segunda parte. En ambos trabajos se aportaban datos de la selectividad de diferentes CCAA y se comparaban con los obtenidos en los Informes PISA. Las conclusiones indicaban la necesidad de un cambio radical para evitar tan manifiesta injusticia, aunque para ciertas autonomías no era entonces un asunto relevante.

Pasó algo más de un año y El País recomendó “Revisar la selectividad. Reformar la EVAU  (Avaluación para el Acceso a la Universidad) exige abrir una reflexión profunda para que la evaluación tenga una mayor dosis de equidad”. La exposición del contenido se aproximaba a la realidad, pero  carecía de la respuesta adecuada: constataba  la existencia de un problema que afecta y determina el futuro profesional de muchos alumnos pero no propone las soluciones apropiadas. Podría deducirse que no interesa políticamente  que ciertas CCAA  se solivianten ni que se airee el defectuoso funcionamiento de otras con la administración de sus competencias educativas.

Es un hecho objetivo y por todos sabido que:

- Coexisten en España 17 modelos educativos diferentes, tantos como autonomías y cada una establece su prueba de selectividad  tanto en materia como en nivel de exigencia.

-  Los alumnos de E. Primaria, Secundaria y Bachillerato no pasan ninguna prueba objetiva externa común e igual para todos ellos salvo la del Informe PISA, centrado en estudiantes de  15 años.

- Cada centro educativo (público, concertado o privado)  evalúa según sus propios criterios e intereses y las notas de calificación con las que puntúa no  guardan relación con las de otro, cerca o lejano, de la misma o diferente comunidad Autónoma

-  Las calificaciones de Bachillerato  (60% de la nota final) asignadas con baremos dispares tienen mayor peso que las obtenidas en las pruebas específicas de la EVAU (40%), más objetivas  en contenidos y corrección.

-  Las notas de los alumnos  se originan de forma distinta pero optan por igual a las mismas plazas de la Universidad.

-  Sin una explicación razonable posible, se da el hecho cierto de que  alumnos de CCAA con peores notas en el Informe PISA  superan en selectividad  a quienes las tenían mejores.

- El problema no radica en aprobar la selectividad, ya que más del 90% lo consigue, sino en conseguir la nota que posibilite el acceso a la carrera deseada, y eso suele dirimirse por décimas o centésimas muchas de las veces.

-  Así como hay CCAA con alumnos perjudicados  que abogan por una única e igual prueba para toda España, las hay también que se oponen: unas lo hacen para ocultar unos resultados peores a los deseados, otras por sentirse diferentes sin lazos comunes, y otras por ambos motivos. 

No resulta aventurado afirmar que modificar el actual modelo de EVAU supondría un cambio cualitativo en la concepción política de España y contaría con la oposición de los políticos nacionalistas y separatistas, denunciando invasión de competencias,  imposición del castellano como lengua vehicular y otros variopintos argumentos.

Dice el editorial de referencia que  “El plan por el que aboga el Gobierno no contempla esta opción, pero sí aspira a sentar las bases para homogeneizar los temarios y los exámenes correspondientes a las asignaturas troncales.” Consecuentemente se reconoce la desigualdad en temarios y exámenes, pero no se presenta un proyecto serio de enmienda.

El editorialista, por su parte,  también se percata de que el actual sistema  de evaluación presenta diferente dificultad de contenidos, distinto modelo de examen y desigual modo de corrección  cuando dice que “Reformar la Evau exige abrir de una vez por todas una reflexión profunda. Lo fundamental es que los exámenes —centralizados o no— tengan un nivel de dificultad similar para evitar situaciones ventajosas, que los contenidos se ajusten a un modelo estandarizado y que las calificaciones sean homogéneas”. 

Sin embargo, su aportación  no pasa de ser un mero consejo bienintencionado sobre una pretendida similitud en la dificultad  de los exámenes. Pero, ¿Sólo en ellos?  ¿Y por qué no en el volumen de materia de estudio y en los criterios de corrección?

La gran mayoría de afectados  está de acuerdo en que la prueba única y común es la que mejor responde a la necesidad de equidad para los examinandos, y que hartas complicaciones tiene ya una corrección equilibrada y su transformación en notas como para añadir la dosis siguiente de “buenismo social”:

“Si bien es preciso limar las desigualdades educativas, también lo es crear mecanismos para valorar otros parámetros, como las condiciones sociales y económicas de los alumnos. Tener en cuenta el contexto familiar y personal permite afrontar la evaluación con una mayor dosis de equidad. Ahí radica el gran cambio”

¿Cómo compaginar datos objetivos sobre conocimientos con situaciones familiares y personales? ¿Es conveniente una puntuación extra para alumnos de familias desfavorecidas o desestructuradas? ¿Debe valorarse y sumarse a la nota numérica el esfuerzo de cada alumno en función de su coeficiente intelectual?

Ese último párrafo  del editorial recuerda la noticia que su mismo periódico dio pocos días antes (“Ann Cook, la mujer que liberó a 39 institutos públicos de Nueva York de los exámenes. La profesora ha creado una red de centros que no están obligados a presentarse a la Selectividad estadounidense en busca de un sistema menos academicista.”). Si esa experiencia se llegara a implantar en España, el problema desaparecería de raíz: ¡Fuera notas y fuera selectividad! Pero ¿mejoraría el sistema educativo?

En la LOMCE  figuraba  que una reválida del Bachillerato en forma de test e igual para toda España sustituiría la  prueba de selectividad y cada Universidad podría establecer otra prueba más de acceso. Este sistema fue rechazado  por las CCAA de corte socialista y nacionalistas.

Posteriormente se llegó a un principio de acuerdo para implantar en junio de 2017 una reválida  del Bachillerato parecida a la actual selectividad condicionado a que cada Comunidad Autónoma decidiera el tipo de preguntas, las fechas y un igual sistema de  puntuación. Al final todo quedó como estaba, dada su oposición a la LOMCE y su intención de derogarla. Las CCAA no estaban dispuestas,  como tampoco lo están  hoy,  a perder su singularidad en favor de una prueba común e igual para todos y a eliminar una situación injusta. ¿Cambiarán voluntariamente en un futuro? No parece fácil, aunque sí deseable.

 

Pronto veremos en qué termina todo esto cuando la nueva ley educativa promovida por la Ministra Celaá se apruebe y entre en vigor.

CAÓTICO PEDRO SÁNCHEZ

 Nos dice Juan-Tomás Cruz Varela, en su comentario de hoy,  que nuestro actual Presidente  pretende  mantenerse en el poder “escapando” de los problemas reales y que eso significa alejarse de una solución necesaria y urgente. Comparar, como también hace Cruz Varela, al líder francés Macron con los españoles Zapatero o Sánchez es tanto como sugerir un ejercicio de  pura catarsis,  y desear que nuestro actual Gobierno se dote de Ministros competentes, una carta anticipada a los Reyes Magos. El tiempo lo dirá.

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CAÓTICO PEDRO SÁNCHEZ

(Con el ruego de su publicación en la sección de "cartas al Director”)

Así se comporta quien de tal forma pretende gobernar España, siendo su marca registrada y por este orden, hacerse con el poder y una holgada posición económica.

Llegó tarde a la primera ola,  y mientras que los tétricos momentos que estamos "padeciendo”, afectan esencialmente a la mayoría de los españoles, nuestro regidor, con su "Falcón", ha demostrado ser un gran escapista en múltiples aspectos, incluso hasta para elaborar su propia tesis doctoral.

Sánchez no gobierna. Su estrategia consiste en exhibirse por el Congreso con la intención de que le escuchen a golpe de frases vacías, y, con ello,  reafirmar que es un gran político con el deseo de escenificar y pronunciar un especial mensaje de Navidad, republicano, laico y cursi.

No es oportuno ni adecuado que el Gobierno haya pretendido eliminar la votación de las prórrogas del estado de alarma. Que un Presidente no se moleste en quedarse en el Parlamento a defender su Decreto resulta patético.

En otro orden y recientemente, el presidente francés Macron hacía llegar un mensaje, sin intermediarios,  a una televisión diciendo que no va a renunciar a las caricaturas ni a sus  principios republicanos. Dicho político está haciendo gala de su liderazgo, muy al contrario de las payasadas e imbecilidades de las que en su día alardeó nuestro ex presidente Zapatero (“Bambi” para algunos).

Nuestra crisis es francamente preocupante y  es urgente resolver una serie de problemas como la pandemia, pobreza, el agobiante paro, educación, las pensiones y un largo etc…Todo eso sitúa a nuestro marco político en una difícil posición.

Para enfrentarnos a semejantes dificultades es preciso que nuestro Gobierno se dote de los profesionales adecuados y prescinda de todos aquellos cuya capacidad les inhabilita para superar tan complejo desbarajuste.

Atentamente.

José-Tomás Cruz Varela,  Ex Director de RR.HH.